Gobernador de Carolina del Norte firma “Ley Iryna” tras el asesinato de refugiada ucraniana
La nueva ley prohíbe fianzas sin pago de efectivo para algunos crímenes violentos y para muchos reincidentes, limita la discreción de magistrados, entre otros

El gobernador aceptó la medida, pese a que legisladores republicanos, incluyendo Donald Trump y J.D. Vance, han achacado la culpa a los líderes demócratas de Charlotte. Crédito: Chris Seward | AP
El gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó el viernes una ley de justicia penal que la legislatura del estado, controlada por los republicanos, aprobó en respuesta al acuchillamiento fatal de una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, aunque se opuso a algunas disposiciones o deseó que otras quedaran afuera.
Stein aseguró haber firmado el proyecto de ley porque “instruye al poder judicial a prestar especial atención a las personas que puedan representar un riesgo inusual de violencia antes de determinar su fianza. Eso es positivo”.
La nueva ley prohíbe las fianzas sin pago de efectivo para algunos crímenes violentos y para muchos reincidentes. Asimismo, limita la discreción de magistrados y jueces para tomar decisiones sobre la libertad condicional, brinda al presidente del Tribunal Supremo estatal la facultad de suspender magistrados y buscar garantizar que más acusados se sometan a evaluaciones de salud mental.
Pero el gobernador criticó ciertas partes y afirmó que los legisladores no habían dado luz verde a sus propuestas de seguridad pública, que incluían un incremento salarial para las fuerzas del orden. Agregó que la medida no se enfocaba correctamente en la amenaza que representan las personas, en vez de su capacidad para pagar la fianza.
“Me preocupa su falta de ambición y visión”, declaró Stein en una breve declaración en video. “Simplemente, no hace lo suficiente para garantizar su seguridad”.
En este sentido, el gobernador criticó una parte de una sección que busca reiniciar las ejecuciones en Carolina del Norte, donde la pena capital se aplicó por última vez en el año 2006.
Todavía así, la acción de Stein, exfiscal general estatal, confirma las reformas legales exigidas por los políticos republicanos y sus aliados. Tenía hasta la noche del viernes para actuar sobre el proyecto de ley, lo que también podría haber incluido vetarlo o permitir que se volviera ley sin su firma.
El gobernador aceptó la medida, pese a que legisladores republicanos, incluyendo al presidente Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance, han achacado la culpa a los líderes demócratas de Charlotte y de Carolina del Norte, por políticas de indiferencia contra la delincuencia que, de acuerdo a lo que argumentan, permitieron que el sospechoso de la muerte de Iryna Zarutska el 22 de agosto quedara en libertad.
La indignación se volvió mucho más intensa tras la publicación de un video de seguridad que muestra el fatídico ataque, informó CNN.
Los demócratas han denominado las acusaciones de motivaciones políticas, y varios alegaron que en el debate de la semana pasada que la legislación no solo abordaría las causas fundamentales de la criminalidad, sino que también carecía de los fondos para extender los servicios de salud mental.
Aunque los republicanos les falta un escaño en la Cámara de Representantes para tener una mayoría a prueba de veto en la Asamblea General, la legislación recibió el respaldo bipartidista en la cámara, lo que incrementa la probabilidad de que cualquier veto de Stein hubiese sido anulado.
“Finalmente, estamos sacando a criminales peligrosos de nuestras calles para que podamos asegurarnos de que nadie más sufra el sufrimiento que sufrió la familia de Iryna Zarutska”, manifestó la representante estatal republicana del área de Charlotte, Tricia Cotham, quien ayudó a guiar la legislación, en un comunicado a los medios de comunicación.
Decarlos Brown Jr., el sujeto acusado de la muerte de Zarutska, fue detenido en el pasado más de una docena de veces y previamente cumplió más de cinco años por un cargo de robo violento, dicen los registros judiciales.
A inicios de año, un magistrado autorizó la liberación de Brown por un delito menor, luego de una promesa escrita de comparecer sin fianza. El hombre fue arrestado en ese momento luego de llamar repetidas veces al 911 desde un hospital, quejándose de que alguien trataba de controlarlo con una sustancia desconocida.
Actualmente, está acusado de asesinato en primer grado en una corte estatal y de un cargo federal por su implicación en la muerte de la refugiada ucraniana. Los dos crímenes pueden ser castigados con la pena de muerte.
La nueva ley exige que algunas apelaciones de los reclusos condenados a muertes sean escuchadas y revisadas por los tribunales para finales de 2027 y abre la posibilidad al uso de otros métodos de pena capital (tal vez pelotones de fusilamiento) si una corte declara inconstitucional la inyección letal o si “no está disponible” porque no se puede acceder a los medicamentos.
La sección estatal de la NAACP rechazó la firma del proyecto de ley por parte del gobernador demócrata, afirmando que “eligió la crueldad en lugar de la justicia, y los legisladores de ambos partidos que lo impulsaron son igualmente responsables de este vergonzoso fracaso de liderazgo”.
Stein habló sobre el tiroteo del fin de semana pasado en un bar frente al mar en el sureste de Carolina del Norte que dejó a tres personas muertas y varias heridas, a la vez que solicitó más servicios de salud mental y esfuerzos para mantener las armas fuera del alcance de “personas peligrosas”.
“Es hora de abordar con seriedad las causas de la violencia y tomar medidas significativas para abordarlas”, señaló. La legislatura se reunirá en Raleigh el 20 de octubre.
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