MMAPA sienta las bases para legislación en el Congreso que atienda “abismo fiscal” de Medicaid en Puerto Rico

NUEVA YORK – Solange De Lahongrais, presidenta de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), confirmó que avanzan en los esfuerzos de cabildeo en el Congreso para la presentación de legislación que prevenga el llamado “abismo fiscal” de Medicaid en Puerto Rico a partir del 2027.

En entrevista con El Diario para abordar los resultados de la jornada anual “FACES” (“Federal Affairs Chamber Educations Series”) en Washington D.C., De Lahongrais señaló que el tema fue parte central de la agenda del viaje multigremial que además incluyó a representantes de la Cámara de Comercio (CCPR), Asociación de Industriales (AIPR) y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico.

La presidenta de MMAPA detalló que se reunieron con personal del Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja, organismo clave en la discusión del financiamiento de Medicaid en el territorio.

“Nosotros estuvimos reunidos con el ‘staffer’ de Gus Bilirakis (republicano de Florida). Ellos son parte del Comité de Energía y Comercio…La intención de ellos es…tener algún borrador a finales de año y que entonces eso nos dé un espacio de conversación con bastante tiempo en preparación al ‘abismo’ que sería en septiembre de 2027. Así que esas son buenísimas noticias de que ya, por lo menos, haya una intención de una redacción que, sabemos que no se va a atender de inmediato, pero que ya tengamos una base para tener esas conversaciones con el Congreso con tiempo”, expuso la portavoz quien anticipó un proyecto para finales de este año.

Añadió que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, uno de los galardonados con el premio “Champions for Puerto Rico” en la recepción “Puerto Rico is Open for Business”, también mantiene conversaciones con líderes congresionales a esos fines.

Debido a que Puerto Rico es un territorio, el financiamiento para programas como Medicaid se basa en la estructura de subvención en bloque, lo que significa menos fondos federales que los estados y la necesidad de recurrir al Congreso cada cierto tiempo para renovar el financiamiento.

La asignación vigente expira en septiembre de 2027.

La cantidad para Puerto Rico se basa en el Porcentaje Federal de Asistencia Médica (Federal Medical Assistance Percentage o FMAP) que es la cantidad de dinero que el gobierno federal de EE. UU. aporta para financiar el programa.

Sin embargo, en los estados, contrario a Puerto Rico, el porcentaje se basa en los ingresos per cápita en relación con el país en su totalidad.

En Puerto Rico, el FMAP se aplica hasta que se alcanza el límite anual de financiación federal, conocido como el tope de Medicaid.

Bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 (Ley Pública 117-328), promulgada el 29 de diciembre de 2022, el FMAP de Puerto Rico se incrementó al 76% para el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2027.

El llamado precipicio iniciaría en esa fecha si no se aprueba financiamiento adicional.

De Lahongrais anticipó que, aunque el reclamo principal es de paridad para la isla en fondos para el programa; de no lograrse, buscarán que el porcentaje federal se fije en el 83%.

“Lo que va a ser el análisis de lo que Puerto Rico solicite, estamos en ese proceso. Definitivamente, no es lo que tenemos ahora…Hay dos cosas. Nos encantaría lo que es la paridad y que Puerto Rico no tenga el modelo de la subvención en bloque. Pero, si no hay espacio para eso, que la asignación anual, por lo menos, sea suficiente para atender el modelo actual de beneficio y, además de eso, que el FMAP sí se fije y que se fije en el 83% que tiene Islas Vírgenes. Así que por lo menos en el lado del FMAP que sea una cantidad fija. En la asignación de fondos, nos encantaría que fuera paridad y que, al igual que los estados, la asignación estuviera equiparada al gasto. Si no hay espacio para ello y tenemos que seguir conviviendo con el ‘block grant’ que sea la cantidad adecuada, porque el problema del block grant no necesariamente es el block grant, es que no sea la cantidad adecuada para poder atender el modelo de prestación de cuidado en Puerto Rico”, abundó.

La portavoz recordó que este es uno de los temas que discute el Grupo de Trabajo Multisectorial creado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, para asegurar un financiamiento justo tanto para el programa Medicaid como Medicare.

“Ahora mismo, hay un comité multisectorial que la gobernadora convocó y del que nosotros formamos parte porque el asunto de salud de una manera u otra afecta a todos los sectores. Así que todos los participantes de FACES también tienen el tema de salud como una de sus prioridades”, aseguró.

La entrevistada recalcó que el sistema de salud en la isla se sostiene mayoritariamente con financiamiento federal.

“Atender lo que son las asignaciones de fondos para Medicaid y Medicare Advantage cobra mayor relevancia que en cualquier otra jurisdicción por la penetración que hay en Puerto Rico de esos programas”, afirmó.

Aproximadamente, la mitad de la población en la isla (47%) se beneficia de Medicaid.

“Sabiendo que Medicaid tiene una asignación de fondos que vence en 2027, estamos llevando el mensaje de que se atiendan soluciones permanentes para Puerto Rico, porque en la medida que no hay recurrencia, eso un poco afecta como se sigue madurando el sistema de salud en Puerto Rico que sabemos que tiene muchas oportunidades que tienen que ver o están relacionadas a esa dependencia de los fondos federales”, argumentó.

Fondos Medicare Advantage para Puerto Rico

Sobre Medicare Advantage, programa del que se benefician más de 675,000 personas mayores en Puerto Rico, resaltó que la isla está un 40% por debajo del promedio nacional de financiamiento aún con el aumento moderado para el 2027.

“Siempre es bien recibido cualquier atención y esto fue atendiéndose en lo que fueron las reglas de pago y en el efecto que tuvieron en Puerto Rico, que eso es muy bueno”, indicó sobre el incremento de 4.01% en comparación con el promedio nacional de 2.48%.

“No podemos bajar la guardia o interpretar que con eso se resuelve, porque la realidad es que no, todavía estamos significativamente por debajo de lo que reciben las otras jurisdicciones, incluyendo Islas Vírgenes en la asignación de fondos para Medicare Advantage en Puerto Rico”, continuó.

La presidenta de la Asociación reveló que se han estado reuniendo con representantes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para evaluar posibles acciones administrativas que garanticen un trato más justo para los adscritos al programa en Puerto Rico.

“Hemos estado reuniéndonos con CMS y hemos tenido la discusión que si, de alguna manera, con determinaciones administrativas, sin requerir legislación, se pudiera atender el asunto de la fórmula que se utiliza para la adjudicación de las reglas de pago. No descartamos que haya la necesidad de legislación, pero hay esa apertura y estamos reforzando la discusión con personal de CMS para atenderlo de esa forma que entendemos es la manera más rápida cuando las reglas de pago de 2028 acaban de empezar a discutirse”, compartió.

El llamado adquiere mayor relevancia dado que alrededor del 98% de los inscritos en Medicare en el archipiélago cuentan con un plan Advantage.

“Ya están empezando con la redacción de las reglas de pago para 2028, así que es importante que llevemos el mensaje de que se reevalúe cómo se hacen esas asignaciones, cómo es la metodología, porque en Puerto Rico afecta de una manera distinta. Hemos empezado a tratar de llevar la intención de que, a nivel administrativo, se puedan atender las condiciones relacionadas a la asignación de fondos de Medicare Advantage”, sostuvo.

A nivel general, De Lahongrais dijo que notó una mayor apertura por parte de líderes en el Congreso para atender el caso de Puerto Rico.

“Esta vez, en las conversaciones que tuvimos, te tengo que decir que nos sentimos resistencia en que haya que atender la situación de Puerto Rico. A lo mejor en el pasado sí había algunos argumentos sobre las medidas de integridad y diferentes cosas que hace unos años atrás se estuvieron atendiendo, no lo vimos ahora; vimos esa voluntad de atender el caso, máxime cuando aquellas medidas de integridad que se impusieron en Puerto Rico las hemos cumplido cabalmente. El Gobierno ha presentado los reportes de integridad por los pasado años que, los fondos del dinero, dependen de su cumplimiento”, puntualizó.

El tema energético y política fiscal

Rafael Vélez Domínguez, presidente de AIPR, precisó que, además del tema de la salud, el grupo se enfocó en el área de energía y de política fiscal.

“La idea es que, si en esas tres áreas, el gobierno federal nos ayuda, entonces podemos subir la marea para que la economía en Puerto Rico se desarrolle más”, destacó el contable.

Vélez Domínguez mencionó que, aparte de reuniones con congresistas, intercambiaron con representantes del centro de estudios de políticas públicas, Cato Institute; la organización de investigación y análisis de política tributaria, Tax Foundation y la Cámara de Comercio de EE.UU. para, entre otras cosas, ampliar la red para seguir promoviendo a Puerto Rico como que un destino abierto para negocios u “open for business”

“Es la demostración del sector privado en Puerto Rico uniéndose para llevar a cabo varias iniciativas de desarrollo económico en Washington. En vez de estar yendo cada uno por su cuenta, estamos yendo todos juntos con una sola voz y propósito coordinado también con el sector público, con el Gobierno”, resumió.

A preguntas sobre cómo se impulsa la inversión en la isla con las deficiencias en el sistema energético y la crisis de agua, respondió: “Lo abordamos desde dos áreas. Primero, hay que concentrarse en las ventajas competitivas que tiene Puerto Rico. Ciertamente, hay unos retos que tenemos que atacar como es el área de energía y de agua. Más bien, nos concentramos en energía…Lo que estamos abogando es porque se mantengan los fondos federales asignados para la reconstrucción. Los otros días salió un artículo que, de los fondos asignados, solamente se habían invertido el 25%, según el GAO (Government Accountability Office). Nosotros lo que abogamos es que ese proceso se siga agilizando para que el otro 75% se pueda invertir rápidamente en la isla y que esa asignación de fondos no nos la quiten”.

En esa dirección, indicó que parte del llamado fue a un mayor involucramiento del gobierno federal en los acuerdo de compra y venta para generación de energía.

“Queremos que el gobierno federal se involucre para proveer algún tipo de garantía o mejoramiento en los acuerdos de compra y venta de energía para la nueva generación que hay que hacer en Puerto Rico. Puerto Rico tiene un parque térmico muy antiguo, 42 años en promedio, se está haciendo un RFP (Request for proposal) de 3,000 megavatios. Hay muchos proyectos a nivel de generación para renovar ese parque y hacerlo mucho más eficiente, que consuma menos electricidad y que sea más barato al usar menos combustible, pero para eso hace falta que la contraparte, que es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sea una autoridad sujeta a financiamiento y al crédito que ahora mismo no lo es y para eso necesitamos que el gobierno federal se involucre un poco”, mencionó.

En las reuniones, también se abordó el llamado Pilar 2, iniciativa internacional impulsada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el G20 que establece un Impuesto Mínimo Global del 15% para las grandes empresas multinacionales cuyos ingresos superan los $750 millones. El objetivo es evitar que las corporaciones trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o evadan impuestos.

En el caso de Puerto Rico, sectores empresariales han recomendado no adoptar el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico Calificado (QDMTT).

“En la parte fiscal, hay un impuesto mínimo que se le quiere establecer a todas las corporaciones extranjeras un 15%. Queremos ver cómo aquí en Puerto Rico podemos hacer para que no les aplique a las empresas extranjeras, extranjeras me refiero a las de fuera de EE.UU. que estén establecidas acá en Puerto Rico”, diferenció.

“La propuesta nuestra es que, por otro lado, se les dé una compensación a esas compañías, como unos incentivos para abaratar sus costos y que se queden en Puerto Rico”, mencionó.

Las organizaciones temen un impacto tributario en Puerto Rico si EE.UU. adopta el marco del Pilar 2, ya que las políticas vigentes en la isla dependen de las decisiones en territorio continental. Anticipan que los estatutos federales podrían reemplazar las leyes locales si el Congreso lo considera necesario para el cumplimiento del Impuesto Mínimo Global. Por otra parte, persiste la incertidumbre sobre si la isla será tratada como parte de EE.UU. para efectos del Pilar 2.

Iniciativas de “reshoring”

Sobre los resultados de la estrategia de “reshoring” de la Administración González, otro tema tocado en las reuniones, planteó que convencer a una empresa para que se mude a Puerto Rico toma muchísimo tiempo.

“En lo que tú primero convences a una empresa; ellos ponderan otras jurisdicciones con Puerto Rico; toman la decisión; solicitan los permisos. Una vez solicitan los permisos, empiezan a buscar el lugar como tal; contratan la gente; ordenan los equipos. Todo eso puede tardar hasta 10 años. Lo que nosotros sí estamos viendo es empresas que ya están establecidas en Puerto Rico aumentando su capacidad y cambiando la producción que tienen en otras jurisdicciones y llevándola a Puerto Rico, ya sea porque tienen capacidad ociosa o aumentando su capacidad…Están cerrando capacidad en Singapur, en otros lados, y trayéndola a Puerto Rico y a los estados”, contrastó.

“Lo que tiene Puerto Rico muy bueno, aparte de política fiscal, es el récord histórico que tenemos tanto en farmacéutica como en equipo médico. También estamos comenzando con lo que es aeroespacial y la otra área en la que somos muy competitivos es en el área de textiles”, resaltó el CPA.

Para Vélez Dominguez, parte clave del proceso es adiestrar a potenciales empleados puertorriqueños en las destrezas que requieren las empresas interesadas en relocalizarse.

“Si no tenemos la gente, no vamos a atraer a nadie a que se establezca en Puerto Rico. Parte de tener la gente es educación y salud. Tenemos que enfocarnos en esas dos cosas”, consideró.

“Nosotros estamos poniendo la empresa privada en conjunto con la academia (universidades), revisando los currículos, para desarrollar, no el personal que necesitamos hoy, sino el que vamos a necesitar de cinco a 10 años. Ciertamente, esto conlleva mucha colaboración en coordinación con el Gobierno. En la medida que el gobierno federal se pueda involucrar y apoyarnos, incluyendo financieramente, pues mejora todo”, agregó.

En marzo de 2025, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para impulsar el reshoring o la relocalización de empresas, incentivar la manufactura y consolidar a la isla como un destino clave para la producción y exportación dentro de EE.UU.

La orden ejecutiva estableció la creación del “Grupo de Trabajo de Reshoring”, liderado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Invest Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), el Puerto Rico Science, Technology & Research Trust y otros.

Los esfuerzos los encabezó por meses el renunciante secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien abandonó el cargo tras denunciar presiones indebidas por parte de La Fortaleza.

El representante de los Industriales aseguró que, a pesar de los cambios en la jefatura del DDEC, mantienen comunicación con las autoridades sobre esta y otras iniciativas.

“Nosotros hemos estado involucrados en esta transición, tanto con (Carlos) Díaz Pierluisi (nuevo secretario del DDC) como con (Roberto) Lefranc Fortuño (director ejecutivo de PRIDCO). Los hemos estado manteniendo al tanto de las iniciativas que estamos llevando. La verdad sea dicha. En la transición, hemos seguido teniendo muchísima comunicación con el DDEC, porque el DDEC es una institución, no es solo una persona y tienes todas las cabezas que están por debajo y hemos seguido trabajando con ellos en el día a día”, aseguró.

“Nosotros, como sector privado, tenemos que involucrarnos más, precisamente, para darle continuidad a todas las iniciativas que queremos llevar a cabo y esa yo creo es que la idea de todos unirnos e, inclusive, ir a Washington”, apostó.

El entrevistado descartó que la situación en el DDEC impacte negativamente el clima de inversión y esfuerzos como el que capitanearon en la capital federal.

“Nadie nos preguntó sobre la situación de los cambios de liderato en el DDEC. Eso no fue un tema que a los miembros (de FACES) que estábamos allí se nos tocó”, dijo.

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