Política energética en Puerto Rico se desvía de objetivos de nuevo informe climático de GreenLatinos
El “Latino Climate Justice Framework 2.0” sirve como un marco para atender las necesidades de las comunidades latinas en asuntos climáticos
La Reserva Nacional de Bahía de Jobos, entre Guayama y Salinas, es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – La política pública con la que el gobierno de Puerto Rico busca transformar el sistema energético en la isla en coordinación con las autoridades federales se desvía de varias de las recomendaciones contenidas en el informe “Marco Latino de Justicia Climática 2025 -2028” (MLJC), encabezado por GreenLatinos.
También conocido como “Latino Climate Justice Framework 2.0”, el documento es resultado del trabajo de una coalición de más de 1,000 organizaciones, y sirve como un marco o referencia para abordar la crisis climática y atender las necesidades de las comunidades latinas en todo el país.
El informe de 64 páginas es una actualización del documento original lanzado en el 2022 e incluye nuevos temas y estudios de casos para ilustrar más efectivamente los avances y los retos que enfrentan los líderes medioambientales a escala local.
Apoyados por el contenido del informe, a principios de octubre, GreenLatinos llevó a cabo una semana de acción en Washington D.C. para pedirle a los líderes en el Congreso que respondan a los asuntos medioambientales que afectan de manera desproporcionada a comunidades latinas, entre la que se encuentra la puertorriqueña.
Hernaliz Vazquez Torres, directora de Sierra Club Capítulo de Puerto Rico, fue una de las que ayudó a redactar el estudio de caso sobre la isla en el informe.
En entrevista con El Diario, la activista resaltó la importancia de que existan iniciativas como esta en las que se abordan las necesidades particulares de las comunidades latinas en términos del cambio climático y justicia ambiental.
“GreenLatinos, tal y como sugiere su nombre, es una organización que se enfoca en latinos afectados por las injusticias climáticas. Y este informe, desde mi perspectiva como colaboradora, es como una mirada colectiva de estudios de casos. No es lo mismo redactar unas soluciones sobre la crisis climática versus poner en primer lugar las experiencias de los latinos y las latinas, y también qué experiencias…porque lo que experimenta Puerto Rico siendo una colonia de Estados Unidos no es lo mismo que experimenta un latino que está en EE.UU. Se manifiestan las injusticias ambientales de distintas formas…Una de las intenciones del marco es plantearlo desde y para la gente”, destacó Vazquez Torres.
Vazquez Torres, quien cuenta con una maestría en Planificación Ambiental de la Universidad Ana G. Méndez, argumentó que el marco no busca sustituir las soluciones a nivel local y más bien permite que cada escenario sea evaluado según sus particularidades geopolíticas.
“Como el marco recoge a gran escala lo que están pasando distintas personas y diferentes organizaciones, que parte de ver la crisis climática con una mirada geopolítica. Y cuando hablamos de lo geopolítico, pues vamos a lo local. Te voy a dar un ejemplo básico. Dentro de las propuestas que tienen otros compañeros para avanzar en la transición energética, ellos contemplan tener paneles solares en suelos…En Puerto Rico, nosotros no apoyamos esa propuesta porque tenemos un problema de seguridad y soberanía alimentaria; tenemos muy pocas tierras públicas que le pertenecen al país para cultivar, y esas pocas tierras no deberían usarse para paneles solares en suelo agrícola. La propuesta de Sierra Club con Queremos Sol es que queremos paneles en techos con baterías, no en el suelo agrícola. Y ahí hay una discrepancia. Nosotros no estamos diciendo que lo que ellos están diciendo está mal, pero nuestra realidad, que no es continental sino caribeña, no puede contemplar paneles solares en tierras agrícolas, y menos después del huracán María…”, explicó.
El caso de Puerto Rico
En términos de la isla, el marco expone que aunque en el 2019, se aprobó la Ley 17 o “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, para operar un 100% bajo fuentes de energía renovables para el 2050, cada año se gastan $1.4 mil millones de dólares en combustibles fósiles importados, lo que provoca 8.9 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono anuales.
La evaluación plantea que, si Puerto Rico alcanzara un 75% de energía solar distribuida bajo propuestas como la de “Queremos Sol”, se reducirían las emisiones a 2.6 millones de toneladas al año, una disminución del 70%.
El documento además precisa que Puerto Rico genera apenas el 6% de la energía que consume utilizando fuentes de energía locales, y que, durante este año, 94% de la electricidad procedía de centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas natural.
Si se estuviera cumpliendo con las disposiciones de la Ley 17, se supone que para el próximo año se debería estar operando un 40% bajo energía renovable, y aún no se alcanza ni el 10%.
Otro dato que resalta es que, en promedio, los residentes, así como las personas en hospitales, escuelas y otros espacios en P.R. pasan 24 horas y 8 minutos sin servicio eléctrico al año, en comparación con el promedio anual de 2.7 en Estados Unidos.
La entrevistada puso en duda el argumento de que una transición basada solo en energía solar distribuida en techos junto con baterías le saldría más caro a las autoridades, y, por ende, a la gente.
“Hay toda una controversia sobre cómo se están dando los proyectos de paneles solares en zonas agrícolas porque ciertamente hay una corrupción ambiental. Queremos Sol hizo un estudio que, para el 2035, Puerto Rico podría transicionar a 50% paneles solares en techos y no requiere ni siquiera la mitad de la cantidad de los fondos que se necesitan para rehabilitar el sistema con combustibles fósiles. Por ejemplo, la planta de New Fortress, muchas veces, está funcionando con diésel porque no tiene gas. ¿Por qué no tiene gas?, porque aquí no hay gas. Así que esa es la narrativa que quieren mover ellos, que es más caro. Pero, no puede ser cierto. Más caro ha sido el contrato de LUMA, el de New Fortress; más caro han sido la cantidad de apagones que ha habido en el país, y los fuegos que hay y los relevos de carga versus ir paso por paso instalando paneles solares en los techos”, expuso.
New Fortress Energy, subsidiaria de Genera PR, suple gas natural y otros combustibles a la AEE.
Genera PR, a su vez, es la compañía privada encargada de la generación de electricidad en la isla.
A preguntas de El Diario sobre de dónde se sacaría el dinero para impulsar sistemas de paneles solares y baterías para todos los hogares que no cuentan con la capacidad financiera para costear uno, Vazquez Torres respondió: “En Sierra Club Puerto Rico nosotros tenemos una colaboración con Amanecer 125 donde hacemos unos encuentros a través del año y juntamos la gente para ver si les interesa instalar paneles solares. Nosotros hemos instalado paneles solares a muy bajo costo con un solo principio. Cuando vamos a la comunidad, reunimos a la gente, le preguntamos si conocen un perito electricista, y ellos mismos montan sus sistemas de paneles solares según las cargas críticas a un bajo costo. Nosotros, subvencionamos ese tipo de proyectos. Otro proyecto que existe con Solar United Neighbors, que es como si fuera una cooperativa para comprar sistemas de paneles solares juntos. Eso, por un lado, con las iniciativas comunitarias. Por otro lado, hay dinero para la transición energética para las personas, pero en Puerto Rico se han malversado los fondos“.
Entre los objetivos específicos para la isla contenidos en el informe destacan: detener la construcción de nuevas plantas de gas y terminales de gas natural, e instalar energía solar en las azoteas con equipo de almacenamiento en baterías de propiedad comunitaria.
También recomiendan prohibir el uso de fondos de la Administración Federal de Emergencias (FEMA) para el desarrollo y construcción de nuevas instalaciones que operen con combustibles fósiles.
“En su lugar, deberían utilizarse para una transición generalizada hacia la energía solar asequible en las azoteas y el almacenamiento en baterías”, lee el documento.
Gas natural sigue siendo parte central de la transformación en Puerto Rico
Lo que es un hecho es que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) continúa aprobando el uso de gas natural para, por ejemplo, generadores portátiles y plantas. Este mismo mes, la entidad aprobó, con ciertas condiciones, la propuesta para la modificación de combustible, en la central Palo Seco, en Toa Baja.
“Eso es un cambio, pero no es una transición energética. Tener gas (natural) no es transición energética. De hecho, es contrario”, opinó la activista.
“Es todavía más contradictorio, porque, cuando dicen que no descartan el gas metano es porque hay unos compromisos políticos, unos favores políticos de no tocar esos comercios o corporaciones que pueden ir detrás de candidaturas. Así que es contrario”, alegó la directora de Sierra Club en Puerto Rico.
“Sin embargo, parte de los argumentos es que es un combustible menos dañino, necesario para esa transición a fuentes de energía renovable, y número tres, que implica ahorros de millones de dólares”, replicó El Diario.
“El argumento es inaceptable porque a mucha gente se le olvida que cuando Genera PR se quedó sin gas…e incumplió con el contrato que tiene con Puerto Rico, eso generó un gasto de $3.4 millones, y esos cargos se lo están pasando a las comunidades y a las personas en la factura de luz; así que no es cierto que es más barato, y tampoco que es menos contaminante porque es gas frakeado…”, sostuvo.
Al planteamiento de que Puerto Rico, aún con la mayoría de sus techos habilitados con placas solares, seguiría dependiendo de combustibles fósiles, particularmente por la necesidad de electricidad para horas de la noche cuando el sol no brilla, la activista señaló: “Ese es el discurso que llevamos escuchando por años: ‘vamos a ir al combustible del gas porque vamos a transicionar al sol’, y no hemos transicionado ni un 10% de paneles solares en Puerto Rico, y se supone que para el 2025 estuviéramos en un 40%”.
En ese sentido, Vazquez Torres argumentó que la transición energética tiene que ir de la mano con un cambio de mentalidad enfocado en el uso prudente de los recursos.
“Hay que crear las condiciones para que la gente entienda que lo más importante en el sistema energético de tu casa son las cargas críticas. Eso es lo que nosotros promovemos, la eficiencia energética. Claro, el sol no está en la noche, y por eso también tienes que entender que tu vida va a cambiar y a transicionar. No puedes explotar la carga cuando lo que generas es tanto…”, afirmó.
El informe además rechaza más alzas en la tarifa eléctrica a los clientes como medio para pagar la deuda multimillonaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas.
Sin embargo, precisamente, la semana pasada, LUMA Energy, compañía encargada de la transmisión y distribución eléctrica, insistió en que es necesario un aumento en la factura de 2.9 centavos por kilovatio hora (kWh) por los gastos de combustible incurridos entre junio y agosto. El NEPR aún no ha aprobado la solicitud.
Otro asunto que aborda el informe es la salida de la planta de carbón AES (Applied Energy System) en Guayama, pueblo donde precisamente reside Vazquez Torres.
El documento emplaza a que se le exiga a la empresa que solucione sus deficiencias en el proceso para eliminar las cenizas de carbón, que contaminan el aire, el suelo y el agua. Además, el reporte pide el cierre de la central antes del 2027 como está fijado.
“Nosotros hemos logrado que se le impongan multas a AES, pero esas multas no van a las reparaciones a las comunidades; la contaminación del Acuífero del Sur; la contaminación en los cuerpos de la gente, en los cuerpos de agua, en el aire y en la tierra, porque esa tierra no es la misma…Sí va a suceder que ellos posiblemente se vayan antes del 2027; pero, ¿irse en qué términos?”, planteó.
Otros temas que aborda el informe MLJC
Otro punto llamativo del informe es el desplazamiento climático de miembros de comunidades latinas en general.
En 2020, las condiciones meteorológicas extremas desplazaron el triple de personas más que los conflictos, lo que las convierte en la principal causa mundial de desplazamiento.
“Centroamérica es uno de los lugares del mundo más vulnerables al clima, lo que ya está provocando migraciones climáticas. El cambio climático intensifica otras causas de fondo de la migración, como la persecución, la violencia y la inestabilidad económica”, indica el informe.
Para lidiar con este asunto, el texto recomienda varias medidas, como aprobar y ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para les inmigrantes de países afectados por desastres climáticos; apoyar la aprobación de la Ley de Desplazados Climáticos (S.3340 / H.R. 6455), para establecer una nueva vía migratoria para las personas desplazadas por el clima; y darle paso al proyecto de ley H.R.2826, que establece una vía de entrada a Estados Unidos para las personas desplazadas por el clima.
El reporte además menciona que los latinos están más inclinados a trabajar en sectores expuestos a las inclemencias del tiempo, como la construcción, la jardinería y la agricultura, lo que les hace más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos.
En esta dirección, los trabajadores latinos tienen un 43% más de probabilidades que las personas blancas no hispanas de vivir en zonas con reducciones de horas de trabajo debido a temperaturas extremas. Además, el 83% de los trabajadores agrícolas estadounidenses son latinos y el 45% sufrieron enfermedades relacionadas con el calor en 2022.
Entre las recomendaciones para lidiar con estas realidades, se encuentra garantizar la debida protección sanitaria de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) contra los pesticidas y materiales tóxicos utilizados por los trabajadores, así como prohibir los pesticidas y fertilizantes más tóxicos, incluyendo todos los organofosforados (OP), al tiempo que se adoptan alternativas más seguras.
El marco además sugiere implementar la nueva norma federal establecida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) para proteger a los trabajadores de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor.
