Gobernadora de Puerto Rico dice que no pueden cancelar contrato de LUMA hasta que estabilicen el sistema eléctrico
“Déjame asegurarme de tener luz en este momento. Eso (la cancelación) va a ocurrir...", declaró Jenniffer González a preguntas de la prensa
El 31 de diciembre pasado, los boricuas sufrieron los efectos de un apagón general. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró este lunes que la posibilidad de cancelar el contrato de LUMA Energy sigue sobre la mesa, pero primero las autoridades tienen que estabilizar el sistema eléctrico.
“Déjame asegurarme de tener luz en este momento. Eso (la cancelación del contrato) va a ocurrir, y yo no voy a descartar ninguna de las cosas que mencionaste, pero en este momento, nos estamos enfocando en tener luz”, declaró González a preguntas de El Nuevo Día.
La primera ejecutiva añadió que el principal problema actual es la falta de generación. “Y ese problema de generación, la gente en la casa quiere que cuando prenda el switch de la bombilla prenda, y yo tengo que asegurarme que tengamos luz”, añadió.
La gobernadora argumentó que no puede cancelar al momento el contrato de LUMA porque no puede botar al que transmite la luz sin tener quien lo sustituya. “Tengo que tener ambas cosas”, planteó.
Nuevo apagón dejó a más de 300,000 abonados sin luz
Las expresiones de la funcionaria se dieron antes de que un nuevo apagón provocado por problemas de generación dejara sin luz a más de 300,000 abonados en el territorio.
Una de las promesas de campaña de la gobernadora fue que evaluaría la posibilidad de cancelar el contrato de LUMA para la operación de los activos de distribución y transmisión eléctrica.
El mes pasado, Josúe Colón, zar de energía nombrado por González para evaluar el desempeño de LUMA y las posibilidades de cancelar o rescindir del contrato, informó de una auditoría de cumplimiento que se espera sea completada en 90 días.
“Es algo que tiene que ocurrir. Se habla de que el contrato formal (de LUMA) no ha entrado en vigor, que el que está es suplementario o interino mientras salimos del proceso de quiebra (de la Autoridad de Energía Eléctrica o AEE), pero eso no significa que el pueblo de Puerto Rico tenga que aceptar un desempeño que sea por debajo, inclusive, de lo que tenía la AEE luego de la quiebra, en uno de sus peores momentos. Eso no puede pasar”, indicó Colón al referido periódico.
Colón, a quien además se le encomendó la dirección de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), forma parte del llamado Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico anunciado por la gobernadora para ofrecer alternativas para transformar el sistema en uno más confiable y resiliente.
A través de la AAPP fue que se concretó el contrato tanto de LUMA Energy, para la transmisión y distribución de energía, como el de Genera PR, compañía privada encargada de la generación.
La semana pasada, González y el secretario de la gobernación Francisco Domenech, cuestionaron públicamente, que la Junta de Control Fiscal certificó el Plan Fiscal 2024 para la AEE sin haberlo compartido antes con el gobierno local.
El documento contiene proyecciones de costos. La Junta, organismo federal que administra las finanzas del territorio desde el 2016, se basó en datos solicitados directamente a los operadores del sistema, es decir LUMA Energy y Genera PR, “estimando lo que ellos deberían necesitar gastar en un escenario ideal para reparar el sistema eléctrico”.
“Estas proyecciones fueron aceptadas sin evaluar si los gastos son realistas y razonables y sin considerar las limitaciones de gastos que pueden ser impuestas por el Negociado de Energía (de Puerto Rico o NEPR)”, argumentaron González y Domenech.
La estrategia de la gobernadora para lidiar con la crisis energética y los constantes apagones se basa en incentivar el uso de combustibles como el gas natural a través de la conversión de plantas ya existentes y la extensión de unidades de generación a bajo costo.
En esa dirección, también ha propuesto legislación para extender las operaciones de la carbonera AES Puerto Rico en Guayama, hasta 2030 en lugar de 2028 como establece la ley.
Estos planes han sido cuestionados por organizaciones sin fines de lucro y comunidades por su impacto medioambiental y porque retrasaría el avance de la isla hacia la energía renovable.
El lunes, Noticel reseñó el contenido de un análisis del bufete neoyorquino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (CGSH) que indica que LUMA ha incurrido en un nivel de incumplimiento suficiente como para que se le cancele el contrato. La AAPP le pidió a CGSH que realizara una evaluación del desempeño de LUMA y el alcance del convenio.
Otro dato que resalta es la incapacidad de LUMA para manejar los reembolsos de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) para proyectos en la red con fondos federales.
El bufete señala, sin embargo, que el análisis de opciones potenciales de terminación se basa en la ley de NY y que deberían contactar a abogados locales para determinar la aplicabilidad legal en Puerto Rico.
Cabe señalar que CGSH también participó en la selección de LUMA y en la redacción del contrato. En este contexto, el reporte de Noticel especifica que, desde el 2018, la firma suma contratos con valor de $44.5 millones con la AAPP.
Los hallazgos de CGSH, que están marcados como confidenciales, coinciden con los revelados en un informe de una comisión especial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) en octubre pasado.
Entre otras cosas, el estudio arrojó que el contrato de LUMA es considerado nulo por ser leonino, ya que incumple principios de buena fe y reciprocidad. “Fue firmado en un contexto de crisis financiera de la AEE, lo que permitió que LUMA no invirtiera en infraestructura deteriorada y subsidiara sus gastos operativos. Este desequilibrio evidencia la falta de causa lícita, obligando a las partes a regresar al estado anterior a la firma del contrato”, detalla el informe.
El documento también señala que LUMA ha cometido incumplimientos materiales y falsas representaciones al no operar sin interrupciones, “lo que se refleja en un aumento de cortes de servicio y una gestión ineficaz de los fondos federales”.
En cuanto al contrato de Genera, el análisis indica que también es nulo por establecer un monopolio privado en la generación de energía bajo el que Genera controla, aproximadamente, el 70% de la capacidad.
“Esto infringe las disposiciones de la Ley 120 y la Ley 17, confirmando la ilegalidad del contrato y obligando a las partes a retornar al estado anterior”, señala el reporte de la CAPR.
Sobre los incumplimientos materiales y falsas representaciones de Genera, el texto expone que la empresa ha fallado en cumplir con estándares operativos y en la coordinación de emergencias, con un 57% de su capacidad fuera de servicio.
“Su incapacidad para integrar adecuadamente al personal local justifica la resolución del contrato”, plantean los abogados.
El apagón de este lunes se debió a “la salida abrupta” de varias unidades de generación, informó LUMA Energy.
Las interrupciones afectaron un 20 % del total de los clientes en las siete regiones: San Juan, Arecibo, Bayamón, Mayagüez, Carolina, Caguas y Ponce.
La reseña de Efe señala que, aproximadamente, una hora más tarde de que se informara del apagón, el servicio se fue restableciendo poco a poco.
Para minimizar el impacto, LUMA pidió a las personas reducir el consumo energético de ser posible.
Para las 7 a.m. de este martes, LUMA reportó que un 99.91% de los clientes contaban con servicio eléctrico.
Sin embargo, también alertó de 13 trabajos de mejoras que podrían provocar nuevas interrupciones.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, matizó LUMA en uno de sus comunicados.
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