Administración Trump apela bloqueo a plan que limita el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato

La administración del presidente Donald Trump apeló este viernes una decisión judicial que frenó temporalmente la aplicación de nuevas restricciones al voto por correo, en una disputa legal que se intensifica a pocos días de que algunos estados comiencen a enviar las primeras papeletas para las elecciones de mitad de mandato.

La apelación fue presentada ante un tribunal federal después de que la jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, ordenara nuevamente suspender durante dos semanas la implementación de una medida impulsada por el gobierno federal, publicó The Associated Press.

La decisión representa el último episodio de una batalla que podría volver a llegar rápidamente a la Corte Suprema. El conflicto se originó en una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, mediante la cual buscó establecer nuevos requisitos relacionados con las papeletas enviadas por correo.

Entre las disposiciones se contempla que el Servicio Postal de Estados Unidos pueda rechazar la entrega de papeletas de determinados estados si estos no proporcionan información sobre los votantes que deben recibirlas y no utilizan un formato específico para los sobres.

Talwani sostuvo que los estados demandantes no cuentan con el tiempo ni los recursos necesarios para adaptar sus procesos electorales a esas exigencias antes de las elecciones de noviembre. La jueza señaló que tendrían que rediseñar y producir papeletas, obtener las aprobaciones correspondientes, modificar sus sistemas electorales, capacitar a funcionarios y cargar información de los votantes en las plataformas del Servicio Postal.

La decisión se produjo después de que la Corte Suprema permitiera temporalmente que el gobierno avanzara con el plan por razones relacionadas con el procedimiento judicial. Los magistrados, sin embargo, no determinaron si las medidas impulsadas por Trump son constitucionales o legales.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema había dejado sin efecto previamente una de las órdenes de Talwani que impedía la aplicación de la directiva durante las elecciones de noviembre.

La jueza levantó posteriormente esa medida, aunque los demandantes volvieron a presentar sus argumentos después de que el Servicio Postal publicara las normas definitivas para poner en práctica la orden presidencial.

Los demócratas y organizaciones dedicadas a la defensa del derecho al voto sostienen que los nuevos requisitos exceden las facultades del presidente y del Servicio Postal. Argumentan que la Constitución reserva a los estados y, en determinadas circunstancias, al Congreso, la autoridad para establecer las reglas que rigen las elecciones.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las funcionarias que participan en una de las demandas, acusó al gobierno federal de intentar intervenir en procesos electorales que corresponden a los estados.

Cerca de un tercio de los estadounidenses opta por la modalidad de voto por correo, mientras funcionarios electorales han advertido que modificar sus sistemas y procedimientos con tan poca anticipación podría resultar inviable.

Trump ha cuestionado durante años la seguridad del voto por correo y lo ha vinculado, sin fundamento, con su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Al mismo tiempo, el presidente ha utilizado esta modalidad para emitir su propio voto.

Un informe de Brookings Institution publicado en 2025 concluyó que los casos de fraude relacionados con el voto por correo son extremadamente poco frecuentes, con una incidencia estimada de aproximadamente cuatro casos por cada 10 millones de votos enviados por correo.

La orden ejecutiva de marzo fue la segunda medida relacionada con las elecciones emitida por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Los opositores acudieron a los tribunales, mientras la administración defendía que las demandas eran prematuras debido a que todavía no se habían publicado las normas que determinarían cómo se aplicaría la orden.

La publicación posterior de esas reglas modificó el escenario judicial y permitió que los demandantes retomaran sus casos. La audiencia sobre la disputa está prevista para el 3 de septiembre.

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