Nydia Velázquez le habló claro a subsecretario del Tesoro sobre “gran estafa” de la Ley 22 en Puerto Rico
Esta semana, Velázquez tuvo un encuentro en el que le manifestó que es hora de que se revelen datos sobre las auditorías del IRS por evasión fiscal
La representante demócrata Nydia Velázquez y Wally Adeyemo, subsecretario del Departamento del Tesoro. Crédito: AP
Nueva York – La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, adelantó a El Diario que espera reunirse nuevamente con el subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, para continuar auscultando el tema de la pesquisa sobre posibles evasores de impuestos federales cobijados bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.
Esta semana, precisamente, Velázquez y otros líderes del Caucus Progresista tuvieron un encuentro con el funcionario en el que la legisladora le manifestó claramente que ya es hora de que se revele algún tipo de información sobre las auditorías que encabeza el IRS por evasión fiscal de beneficiarios de la referida ley en la isla.
“Lo que te puedo decir es que seguimos a oscuras sobre el número de acciones que haya tomado el IRS con relación a individuos que están utilizando la Ley 22. Ayer (10 de septiembre), por ejemplo, el subsecretario del Tesoro…tuvo una reunión con el Caucus Progresista, en la que yo estaba, y le fui clara, le dije que el Congreso y el público quieren ver resultados”, reveló Velázquez en entrevista exclusiva con este periódico.
Velázquez anticipó que la intención es tener, próximamente, otro encuentro con Adeyemo en el que también podría estar presente el comisionado del IRS, Danny Werfel.
“Tenemos que continuar dándole seguimiento a la agencia. El subsecretario del Tesoro quedó, y Alexandria Ocasio Cortez estaba conmigo, de hacer una reunión con el comisionado del IRS en la que podríamos participar tanto yo como AOC”, dijo.
¿Qué investiga el IRS sobre beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico?
Desde hace unos tres años, el IRS, a pedido del Congreso, investiga a unos 100 recipientes de la Ley 22 que otorga exenciones contributivas a estadounidenses y otros extranjeros que se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión, por incumplir con el pago de impuestos a nivel federal.
En específico, la oficina indaga si estos individuos mintieron sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
Para la congresista de origen boricua, el argumento de que se está trabajando con el asunto ya no es suficiente, en vista de que el problema alcanza las arcas fiscales en EE.UU.
Velázquez catalogó la situación que ha desencadenado la Ley 22 como una “gran estafa” dentro y fuera de la isla.
“Tres años (después) de haberse iniciado la campaña, no basta con el ‘estamos trabajando en eso’, eso se lo dije; y que ellos tienen los recursos, porque a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), se le asignaron $80,000 millones de dólares adicionales al IRS. O sea, que no es falta de recursos, sino que algo está pasando que yo no puedo ponerle el dedo; pero le repetí que esto no solo se trata de los puertorriqueños que están siendo desplazados, se trata de la gran estafa que los beneficiarios de la Ley 22 han hecho a los estadounidenses, porque ellos se acogen a la Ley 22, se mudan a Puerto Rico, no pagan impuestos federales y tampoco contribuyen con el erario del pueblo de P.R.”, expuso la demócrata que representa el Distrito 7 de Nueva York.
“Se estima que cada año, unos $10,000 millones de ingresos federales son clasificados como ingresos de Puerto Rico utilizando la Ley 22. Esos $10,000 millones que deberían ser utilizados para proveer y solidificar la educación pública, más fondos para el sistema de salud de EE.UU. Es totalmente inaceptable”, agregó.
Las más recientes conversaciones de las demócratas se dieron luego de que, en mayo pasado, el New York Times reportara que la investigación del IRS por evasión fiscal contra algunos beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico apenas se había traducido en un 1 % de extranjeros auditados.
Una persona con conocimiento de la pesquisa envió una carta al Senado de Estados Unidos, lo que a su vez provocó una investigación formal del comité de Finanzas de ese cuerpo legislativo, reseñó el periódico en ese momento.
En junio pasado, la oficina del senador de Oregon, Ron Wyden, confirmó a El Diario que, a finales de ese mes, el comité de Finanzas que dirige el demócrata realizaría una sesión informativa privada para discutir el asunto con personal de IRS.
Este periódico volvió a contactar a personal de Wyden para indagar sobre los resultados del encuentro, pero no obtuvimos respuesta.
Según un reporte del Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico (CPI), el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico (DDEC), agencia que otorga los decretos bajo Ley 22 en P.R. y se supone los fiscalice, nunca ha revocado uno de estos convenios por incumplimiento con el requisito de residencia en Puerto Rico.
Para cumplir con la Ley 22, los beneficiarios deben establecer residencia en la isla y permanecer al menos 183 días al año.
Desde el 2021, el DDEC ha iniciado unos 311 procesos para intentar revocar por incumplimiento decretos bajo Ley 22. La mayoría de las acciones han sido porque los beneficiarios no presentaron sus informes anuales.
Bajo el referido estatuto, las ganancias de las acciones, bonos u otros bienes personales de un estadounidense se consideran ingresos de origen puertorriqueño y, por lo tanto, están exentos del pago de impuestos.
La Ley 22, según enmendada en el 2012 y parte del Código de Incentivos (Ley 60), concede exenciones contributivas con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico, no más tarde del año que finaliza el 31 de diciembre de 2035.
Ley 22 debe ser derogada a nivel local
Velázquez consideró que la solución a los problemas de la Ley 22 está en su derogación a nivel local donde fue aprobada.
“Correcto, o que tengan los mecanismos o barreras para esos evasores de impuestos; cuando dicen que se mudan y van a crear tantos empleos, y que van a hacer tantas inversiones en P.R., que no lo digan de la boca para afuera”, planteó.
Velázquez ha sido una de las políticas más vocales en cuanto a este tema en la Cámara de Representantes y en el Congreso en general.
El año pasado, encabezó una carta al IRS en nombre de organizaciones en la isla para que la oficina agilizara la divulgación de los resultados de la pesquisa.
La misiva suscrita por otros 11 representantes demócratas fue enviada al IRS luego que el Centro para la Democracia Popular (Center for Popular Democracy / CPD) e impulsores de la campaña “Not Your Tax Haven” (PR No Se Vende) sometieran una solicitud bajo la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act / FOIA) con el fin de recabar información sobre las auditorías.
“El paraíso fiscal que la Ley 22 ha creado en Puerto Rico ha proliferado el uso de alquileres a corto plazo (“STR”), aumentado la venta de propiedades en efectivo y la especulación en el mercado, y causado desplazamiento de los locales en Puerto Rico”, indicaron los legisladores en la carta al IRS.
“Por lo tanto, nosotros consideramos que es esencial entender hasta qué punto el IRS y el Departamento de Hacienda en Puerto Rico están monitoreando a los individuos estadounidenses y negocios que reclaman beneficios contributivos bajo la Ley 60, particularmente porque el número de beneficiarios de la Ley 22/Ley 60 continúan creciendo exponencialmente”, añadieron los demócratas.
El documento además señala que análisis del gobierno de Puerto Rico estiman que la isla perdería un estimado de $4,500 millones en ingresos relacionados con la Ley 22 entre el 2020 y 2026.
No fue hasta finales de marzo de este año que el IRS contestó tanto a las organizaciones y a los legisladores sobre el curso de la pesquisa.
Sin embargo, los datos provistos ni siquiera incluían información básica para conocer el adelanto en los esfuerzos del IRS.
La entidad recaudadora de impuestos básicamente decidió no divulgar información sobre la pesquisa.
“Nosotros buscamos y ubicamos 3,306 páginas en respuesta a su solicitud. De las 3,306 páginas localizadas en respuesta a su solicitud, estamos adjuntando 0 páginas. Estamos aguantando las 3,306 páginas”, fue la respuesta de la dependencia.
