Un año sin celulares en las aulas de Nueva York: ¿qué cambió realmente?
La medida se tomó ante la creciente adicción de los jóvenes a las redes sociales y a los juegos en línea
Varios docentes consultados por El Diario coinciden en que la medida es altamente positiva, pero no es aplicada de la misma forma en todos los planteles. Crédito: Gemini | Impremedia
Será muy difícil construir un balance uniforme sobre el primer año de la prohibición de celulares en las escuelas públicas de Nueva York. Aunque la restricción se estableció para todo el sistema educativo, cada escuela de la Gran Manzana tuvo margen para decidir cómo almacenar los dispositivos y aplicar la normativa. Pero en general hay un solo consenso: fue una medida necesaria ante la creciente adicción de los jóvenes a las redes sociales y a los juegos en línea.
Por su parte, El Diario entrevistó de forma anónima a varios docentes de escuelas secundarias en Harlem y el Alto Manhattan. Aunque sus vivencias particulares no conforman una muestra representativa del sistema escolar de Nueva York, compuesto por unos 1,600 planteles en los cinco condados, sus relatos ilustran tanto los avances como los retos del proceso.
“Cada escuela tiene una experiencia diferente. Crearon un reglamento, pero dejaron abierta la implementación en cada plantel, por eso en cada aula la experiencia ha sido diferente”, explicó uno de los educadores entrevistados.
Durante los primeros meses, retirar los teléfonos de la dinámica escolar produjo un cambio que la mayoría de los docentes calificó como “del cielo a la tierra”: aumentó la atención, mejoró la participación y los estudiantes comenzaron a relacionarse más directamente con sus compañeros y maestros.
Pero los educadores también coinciden en que a medida que avanzó el año escolar, algunos alumnos empezaron a desafiar las reglas. De alguna manera la aplicación se empezó a “relajar un poco” y la responsabilidad de vigilar el cumplimiento terminó recayendo principalmente sobre los educadores.
“La primera mitad del año fue muy positiva, pero cuando avanzó el tiempo, los estudiantes fueron hábiles en hacer trampa. En mi escuela no se salió de las manos, pero otros colegas me dicen que su experiencia fue más complicada, porque le quieren dejar toda la responsabilidad al maestro”, acotó.
Un mandato estatal
En vigor desde septiembre de 2025, la Ley de Escuelas Libres de Celulares de Nueva York prohíbe los dispositivos personales de “campana a campana”, abarcando clases, almuerzo, recreo y recesos. En la ciudad, esto se implementó mediante la Regulación A-413 para sus 1,600 planteles.
Anunciada a mediados de 2025 por el ex-alcalde Eric Adams, la iniciativa contó con 25 millones de dólares de fondos municipales, sumados a inversión estatal. Para resguardar los teléfonos, las escuelas emplean casilleros o bolsas de seguridad, garantizando vías directas de contacto para emergencias parentales y excepciones por salud, educación especial, traducción o discapacidad.
En una de las escuelas donde trabajan los docentes consultados, cada estudiante recibió una bolsa especial para guardar el teléfono. Los alumnos debían apagar el aparato, colocarlo dentro del estuche y mantenerlo guardado durante la jornada.
“Cuando comenzó el año, todo el mundo estaba siguiendo el reglamento. Una vez que los estudiantes dejaron de estar pendientes del teléfono, la interacción cambió. Los estudiantes empezaron a participar. Había menos distracción y estaban interactuando entre ellos y con el maestro. Todos vimos la diferencia”, indicó.
La primera mitad del año fue muy positiva, pero cuando avanzó el tiempo, los estudiantes fueron hábiles en hacer trampa. En mi escuela no se salió de las manos, pero otros colegas me dicen que su experiencia fue más complicada, porque le quieren dejar toda la responsabilidad al maestro”
Las primeras encuestas
Estas experiencias coinciden con los resultados que la oficina de la gobernadora Kathy Hochul viene difundiendo desde principios de año.
Una primera encuesta a mitad de curso, respondida por más de 350 administradores escolares de todo el estado, encontró que más del 90% describió una transición fluida hacia las aulas sin celulares y más del 80% reportó una mejor participación estudiantil.
Al cierre del ciclo lectivo, una segunda encuesta, esta vez con 585 maestros, administradores y empleados escolares, arrojó cifras similares: el 80% consideró que la política había producido resultados positivos, el 76% observó cambios favorables en la atención y el comportamiento, otro 76% reportó mayor participación estudiantil y el 75% dijo que mejoró su capacidad para enseñar.
El 80% también percibió mejores relaciones sociales entre los alumnos y el 60% reportó una reducción del acoso y el ciberacoso.
Al presentar los resultados en una escuela de Bushwick, Brooklyn, Hochul dijo que los estudiantes “están actuando como niños otra vez”.
El cumplimiento comenzó a debilitarse
El balance favorable de los primeros meses no se mantuvo con la misma intensidad durante todo el año, según uno de los maestros entrevistados. Avanzado el año escolar, algunos estudiantes comenzaron a comprobar hasta dónde podían desafiar las reglas.
“Más o menos en enero empezaron poco a poco a intentar sacar el teléfono para jugar. Siempre hay alguien que quiere romper las reglas. En algunos casos lo que había era un desmadre. Empezaron con esa actitud de: ‘no me importa, no va a pasar nada, especialmente durante el recreo y las actividades deportivas. Siempre hay más respeto en el aula”, destacó.
El docente atribuyó ese deterioro a la falta de consecuencias suficientemente claras.
“El estudiante no tiene claro qué va a pasar después de cierta cantidad de infracciones. Si yo no sigo el reglamento y no hay consecuencias, entonces el reglamento pierde fuerza”, remarcó.
La ley estatal y la propia Regulación A-413 establece que los alumnos no pueden ser suspendidos exclusivamente por incumplir la política sobre dispositivos electrónicos, aunque una negativa reiterada a entregar o guardar el aparato sí puede derivar en una suspensión.
Las escuelas pueden adoptar medidas progresivas para responder a las violaciones, pero las consecuencias deben ajustarse a sus políticas disciplinarias generales y no pueden depender únicamente del uso del teléfono.
Responsabilidad sobre el maestro
Cuando un alumno utiliza el teléfono durante la clase, el docente enfrenta varias opciones: interrumpir la lección, retirar el dispositivo o pedir que el estudiante salga del aula para que otro empleado atienda la situación.
“Si alguien no sigue el reglamento, se saca al estudiante para no interrumpir la clase y poder continuar, o se le quita el teléfono”, explicó el educador.
Pero cualquiera de esas alternativas genera trabajo adicional. Según su testimonio, el docente debe contactar a la familia, documentar lo ocurrido y registrar la queja.
Además de interrumpir la clase, retirar un aparato costoso plantea interrogantes sobre quién respondería si el dispositivo se daña o desaparece.
“Los maestros no quieren asumir la responsabilidad de retirar un teléfono y que después se pierda. Si el teléfono se pierde, surge la pregunta de quién tendría que pagárselo al estudiante. No puedo estar todo el tiempo pendiente de quién sacó el teléfono y quién no siguió el reglamento”, expresó un docente hispano de secundaria.
Estudios sobre la implementación de bolsas de bloqueo en otros distritos del país han documentado que, en el primer año tras la adopción de la medida, suele registrarse un repunte de incidentes disciplinarios asociados a su cumplimiento, antes de que la situación se estabilice en los ciclos siguientes.
Diferencias entre directores y maestros
La efectividad de la política también estuvo condicionada por la posición de los directores y la coherencia del personal escolar, según varios testimonios.
“Depende del principal. Algunos creen que los estudiantes deben tener acceso al teléfono por si ocurre una emergencia. Te puedo decir sin dudas que el director de mi escuela es totalmente pro-teléfono”, advirtió.
La normativa exige que las escuelas ofrezcan a las familias un mecanismo alternativo para comunicarse con sus hijos, incluyendo el acceso a una línea telefónica escolar en caso de emergencia.
Una dependencia difícil de romper
Más allá de la disciplina, un docente consultado expuso que el comportamiento observado revela el grado de dependencia que algunos adolescentes tienen de los teléfonos y las redes sociales.
“Están muy apegados al teléfono. En algunos casos, la personalidad del estudiante está definida por ese aparato. En las redes sociales hay una gratificación inmediata por lo que haces. Ya existe una expectativa de gratificación. Si no reciben suficientes ‘likes’, sienten que han fracasado”, aseguró.
Aunque es una opinión personal, está claramente documentado que la relación entre uso de redes sociales, ansiedad y salud mental adolescente es compleja y no puede atribuirse a una sola causa.
La propia ley estatal de escuelas libres de celulares se inscribe en un paquete más amplio de medidas de Hochul orientadas a la salud mental juvenil, que incluye la Ley SAFE for Kids, para restringir los algoritmos de redes sociales “adictivos” dirigidos a menores y la Ley de Protección de Datos Infantiles.
¿Y las familias?
Otro maestro entrevistado aduce que las escuelas no pueden resolver por sí solas la dependencia digital de los estudiantes. En su opinión, las reglas escolares necesitan ser respaldadas en los hogares.
“Los padres también tienen que hacer su labor. Muchos adultos se acostumbraron a darle un teléfono al niño para mantenerlo ocupado y ellos mismos pasan todo el tiempo con el teléfono en la mano”.
Su crítica apunta a uno de los desafíos centrales de la política: la escuela puede restringir el dispositivo durante varias horas, pero la conducta digital de los estudiantes también está determinada por lo que ocurre fuera del plantel.
Sin evidencia académica concluyente
Un estudio de 2025 de David Figlio y Umut Özek sobre la restricción en Florida, mostró mejoras en exámenes tras adaptarse a la norma, asociadas a menor ausentismo. No obstante, las suspensiones subieron cerca del 25% general y un 30% en varones afroamericanos, reavivando temores sobre disparidades raciales en la disciplina.
En contraste, una investigación de 2026 de Stanford, Pensilvania, Duke y Michigan concluyó que las fundas redujeron el uso de teléfonos, pero no impactaron el rendimiento, el ausentismo, ni el bullying, registrando efectos mínimos y contrapuestos en bachillerato y enseñanza media.
Balance oficial está pendiente
- 1 de septiembre de 2026 es la fecha en que los distritos escolares de Nueva York publiquen en sus sitios web un informe sobre la aplicación de sus políticas durante el año anterior. El reporte deberá incluir información demográfica no identificable de los alumnos disciplinados y un análisis de posibles desigualdades en la aplicación de la norma.
