Qué documento permitirá a los trabajadores indocumentados reclamar un cheque de estímulo
A diferencia de los anteriores proyectos de ley de estímulo, bajo el Plan de Rescate Americano, algunos trabajadores indocumentados podrán reclamar un cheque de estímulo de $1,400 dólares
En 2020 algunos estados enviaron pagos en efectivo a los inmigrantes desempleados sin el estatus legal. Crédito: APU GOMES | AFP / Getty Images
El Plan de Rescate Americano (ARP por sus siglas en inglés) de casi $2 billones de dólares que fue aprobado esta semana por el Congreso, contiene varias medidas que podrán beneficiar a la comunidad hispana. La ley aumentará de manera drástica el acceso a las guarderías y a las prestaciones por hijos, se invertirá dinero en las ciudades, en el transporte público y en los sistemas de salud pública, además de proporcionar un alivio necesario a la comunidad de artistas y trabajadores independientes que han luchado por sobrevivir a este último año de cierres.
Entre las disposiciones importantes del ARP se encuentra una destinada directamente a ayudar a los trabajadores indocumentados a sobrevivir a la crisis de coronavirusya que en esta ocasión permite a las familias de estatus mixto, en las que uno de los cónyuges es indocumentado, a recibir el cheque de estímulo utilizando el número de la Seguridad Social del cónyuge residente legal.
La propuesta de Biden proporciona el dinero del cheque de estímulo a un hogar con hijos ciudadanos estadounidenses y padres indocumentados que declaran impuestos con un número ITIN.
A diferencia de las propuestas anteriores, donde los padres recibían $500 o $600 dólares por hijo, en este nuevo paquete de estímulo se incluirá un cheque de $1,400 dólares por menor. Sin embargo, algunas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes no están de acuerdo en que personas indocumentadas de manera individual no reciban los cheques de estímulo.
De cualquier manera se trata de un giro de 180 grados respecto a los paquetes de ayuda por COVID-19 que fueron elaborados bajo el mandato del expresidente Donald Trump, para excluir de manera deliberada a las familias de estatus mixto de dicha ayuda. Dicha política perjudicaba a los cónyuges documentados y a los hijos de los ciudadanos estadounidenses tanto como a los propios indocumentados.
También esta semana, el gobierno de Biden retiró la apelación de la administración Trump ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra las medidas cautelares de tribunales inferiores que habían impedido la aplicación de las nuevas normas restrictivas de “carga pública“. Como resultado, el tribunal desestimó rápidamente el caso. Así las nuevas normas restrictivas de carga pública fueron eliminadas.
El objetivo de la carga pública era excluir a los inmigrantes pobres de la atención sanitaria, la vivienda y la asistencia nutricional. Durante la era de Trump, varios estados avanzaron mucho más en temas de inmigración y la asistencia social de lo que habían hecho durante la presidencia de Obama.
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California y Colorado empezaron a permitir en 2020 que los indocumentados que declaren impuestos sobre la renta utilizando un número de identificación de contribuyente individual pudieran acceder a los créditos fiscales por ingresos ganados establecidos y, en el caso de California, también al crédito fiscal por hijos. El Centro de Política y Presupuesto de California estimó el año pasado que esta acción beneficiaría a hasta 46,000 familias.
En 2020 los estados de la costa del Pacífico comenzaron a enviar pagos en efectivo a los inmigrantes desempleados sin el estatus legal que les permitiría acceder a las prestaciones federales. California se movilizó para permitir que parte de la población indocumentada tuviera acceso a la Ley de Atención Asequible.
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